El gobierno de Dina Boluarte mostró su desacuerdo con la ordenanza aprobada por el Consejo Regional de Puno, que reconoce al lago Titicaca como sujeto de derecho. A través de un comunicado, los ministerios del Ambiente, de Desarrollo Agrario y Riego, de Justicia y Derechos Humanos, y de Cultura expresaron que esta norma contraviene la Constitución Política del Perú, carece de eficacia jurídica y genera un conflicto de competencias entre los distintos niveles de gobierno.
La iniciativa, impulsada por la Red de Mujeres Lideresas en Defensa del Lago Titicaca, fue aprobada por unanimidad hace unos días por el Consejo Regional de Puno. Este grupo de defensoras ambientales, compuesto por mujeres de diversas comunidades de la región, busca dar mayor protección y derechos al lago Titicaca, considerado un recurso vital para las poblaciones cercanas.
Sin embargo, el gobierno central rechaza la medida y ha solicitado un diálogo con las autoridades regionales de Puno a través de un oficio publicado por el Ministerio de Cultura.
“Ratificamos nuestro firme compromiso con la protección y recuperación de la calidad ambiental del lago Titicaca, a través de una gestión multisectorial y participativa orientada a la sostenibilidad ambiental de los ecosistemas y el desarrollo de los pueblos que dependen de nuestro lago navegable más alto del mundo”, se lee en el comunicado.
Los ministerios argumentan que la protección del lago Titicaca se realiza bajo un marco legal y normativo que ya incluye el reconocimiento del lago como patrimonio natural de excepcional importancia. Este marco incluye su designación como sitio Ramsar y Reserva Nacional, lo que le otorga un estatus especial de protección y conservación tanto en Perú como en Bolivia. A través de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca, ambos países desarrollan esfuerzos conjuntos para garantizar la preservación de este recurso vital.
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