El dinero ilícito proveniente de las economías criminales influye en la política. Así lo percibe cerca del 80% de la población adulta en el Perú, según la encuesta de Ipsos para el Cuarto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, en el contexto de las Elecciones 2026.
Si bien el n4rc0tráfic0 y la minería ilegal se concentran principalmente fuera de las zonas urbanas, la fuerte incidencia del delito de ext0rsión en las ciudades habría influido en que allí la percepción alcance un 78%, superando en 9 puntos porcentuales a la registrada en las áreas rurales.
Y con razón, puesto que en los primeros ocho meses de 2025 se registraron 18.385 denuncias, lo que representa un crecimiento de 29,3% respecto a 2024. Esta cifra equivale al doble de las denuncias recibidas entre 2019 y 2023, que sumaron 36.947.
A marzo, el 21% de los peruanos conocía a alguien o había recibido amen4zas o ext0rsi0nes en los últimos tres meses y aproximadamente 5 millones de personas sufrieron un impacto económico por el cr1men organizado.
Para junio, uno de cada tres peruanos sabía de negocios que cerraron por la del1ncuencia, y más de 8 millones vivían en zonas declaradas en emergencia. La evaluación ciudadana de estas medidas es mayoritariamente negativa.
El propio ministro del Interior, Carlos Malaver, reconoció en una interpelación en el Congreso de la República que los estados de emergencia no han servido para enfrentar la ext0rsión. Su descubrimiento se da, sin embargo, en un contexto de paros y marchas contra el gobierno.
“Pedimos que se declare en emergencia Lima y el Callao, y la respuesta fue: ‘El Estado no tiene dinero, el costo de una emergencia nacional cuesta S/43 millones’”, reveló el presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet), Julio Rau Rau, sobre la reunión que sostuvo con el ministro, según recogió Noticias Trujillo 60.
“La gran pregunta es: ¿qué alternativa se está aplicando tras ese fracaso? La respuesta, hasta ahora, es ninguna”, señaló Ricardo Valdés, Gerente General de Capital Humano y Social SA.
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