El Gobierno del Perú oficializó la denominación del año 2026 como “Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”, según lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 141-2025-PCM, emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
La norma, publicada en el diario oficial El Peruano, establece que esta denominación deberá consignarse de manera obligatoria en todos los documentos oficiales de las entidades públicas a lo largo del año 2026, en concordancia con la Política General de Gobierno para el periodo 2025–2026.
De acuerdo con el decreto supremo, la política gubernamental estará orientada por el eje de Transición Democrática y Reconciliación Nacional, cuyo objetivo central es garantizar un proceso de transición ordenado, así como el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país.
Entre las principales directrices que guiarán la acción del Ejecutivo se encuentran la promoción de condiciones adecuadas para la realización de elecciones generales libres y transparentes; el respeto irrestricto a la libertad de prensa; la autonomía e institucionalidad de los organismos electorales; y el impulso hacia un Estado moderno, predecible y confiable, basado en reglas claras y políticas públicas sustentadas en evidencia.
Asimismo, el decreto contempla el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas al término del mandato presidencial, el fomento del diálogo y la concertación entre los poderes del Estado, el sector privado, los actores políticos y sociales, así como la ciudadanía en general. A ello se suma el compromiso de reforzar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en todas las entidades del Estado.
El Ejecutivo señaló que estas acciones buscan consolidar el orden constitucional y contribuir al fortalecimiento del sistema democrático, en un contexto clave para la estabilidad política e institucional del país.
El Decreto Supremo N.º 141-2025-PCM lleva la firma del presidente de la República, José Jerí Oré, y del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda.
Cabe recordar que la denominación del año es una práctica institucional mediante la cual el Estado peruano comunica los ejes prioritarios de la gestión gubernamental. Si bien su uso es obligatorio para las entidades públicas, las instituciones privadas pueden adoptarlo de manera opcional.
0Comentarios