Japón anunció un ambicioso plan de asistencia a cuatro países de América Latina para enfrentar la creciente presencia de flotas pesqueras chinas que operan de forma irregular en las aguas de la región.
El Ministerio de Asuntos Exteriores japonés destinó 300 millones de yenes (aproximadamente 1,9 millones de dólares) para proveer equipos de vigilancia marítima, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para también controlar sus zonas económicas exclusivas ante actividades pesqueras no declaradas o ilegales.
La asistencia japonesa se produce en un contexto regional marcado por la preocupación por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) que afecta la sostenibilidad de recursos marinos clave.
Expertos y medios de comunicación internacional han reportado que muchas embarcaciones pesqueras asiáticas, con especial protagonismo de flotas chinas, operan cerca de las costas de esas naciones latinoamericanas, a menudo con sus transpondedores GPS apagados para evadir la detección.
Los cuatro países latinoamericanos que recibirán el respaldo japonés para enfrentar la pesca ilegal china son Ecuador, Perú, Argentina y Uruguay. Estos gobiernos serán los principales beneficiarios de los equipos y tecnología proporcionados por Tokio para reforzar sus sistemas de vigilancia marítima.
La asistencia incluye drones de vigilancia marítima, botes patrulleros inflables y software de análisis de imágenes aéreas que permiten identificar con mayor precisión el registro de las embarcaciones, el tamaño de sus tripulaciones y las rutas que siguen, incluso cuando los buques intentan evadir los sistemas de rastreo tradicionales apagando sus transpondedores.
Con estas herramientas, las autoridades locales podrán mejorar la detección y respuesta ante actividades INDNR, fortaleciendo la protección de sus recursos naturales y la soberanía marítima.
0Comentarios