La Vía Expresa Santa Rosa, obra que busca conectar el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la Costa Verde, avanza con trabajos preliminares en la avenida Santa Rosa, en el Callao, en un escenario marcado por advertencias de la Defensoría del Pueblo y protestas vecinales.
La intervención, a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), inició la reubicación de redes de agua y alcantarillado de Sedapal, así como el traslado de árboles, para liberar las zonas donde se ejecutará el proyecto vial.
Las observaciones defensoriales no se limitan al impacto urbano inmediato. El eje de la preocupación institucional está en los antecedentes del grupo empresarial Egis, que participa como asistente técnico del proyecto, y en los posibles riesgos legales, contractuales y financieros que —según la Defensoría— podrían derivarse de esa vinculación.
En el marco de sus funciones de supervisión, la Defensoría del Pueblo analizó de oficio el proyecto Vía Expresa Santa Rosa y comunicó al MTC una serie de hallazgos relacionados con el contrato de Estado a Estado suscrito en 2021 con Egis Villes et Transports S.A.S. – Sucursal del Perú, que también comprende la asistencia técnica para la Nueva Carretera Central.
Uno de los puntos más sensibles advertidos por la Defensoría está vinculado a las sanciones impuestas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) —y replicadas por el Banco Mundial— contra empresas del grupo Egis, entre ellas Egis Eau S.A.S., Egis International S.A.S. y Egis Colombia S.A.S., por haber incurrido en prácticas fraudulentas, corruptas y colusorias en un proyecto distinto, del sector agua y saneamiento en Panamá.
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