El Poder Ejecutivo oficializó la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) mediante el Decreto Legislativo Nº 1710. Este nuevo organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, absorberá las funciones y estructuras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) y el PRONAPRES, con el objetivo de centralizar la gestión de adultos y adolescentes bajo un mando único.
La reforma institucional establece una jefatura única que reemplaza al anterior Consejo Nacional Penitenciario. Entre las medidas inmediatas de carácter disciplinario, se ha dispuesto el uso obligatorio de uniformes y el rapado de cabello para internos varones, además de rutinas estrictas como el canto del himno nacional a primeras horas del día. Estas acciones buscan recuperar el principio de autoridad y reducir la infiltración del crimen organizado en los establecimientos.
Pese a contar con autonomía administrativa y funcional, expertos advierten desafíos críticos sobre la viabilidad del modelo. La implementación de la SUNIR se realiza sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, lo que genera dudas sobre su capacidad para resolver el hacinamiento extremo: actualmente el sistema alberga a 104,000 internos en espacios diseñados para 43,000 personas.
Analistas del sector señalan que, si bien las medidas de control estricto podrían mejorar la percepción de seguridad a corto plazo, la falta de inversión masiva en infraestructura y la dependencia económica del Ministerio de Justicia para obras mayores podrían limitar el alcance de la reforma. El éxito de esta superintendencia dependerá de su capacidad para trascender el cambio administrativo y ejecutar programas efectivos de resocialización.
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