La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este jueves a Perú por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos Durand en 1997, en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, ideado por el expresidente Alberto Fujimori.
El tribunal insistió en que este “no constituye un caso aislado, sino que fue parte de una política estatal masiva” y dirigida principalmente a mujeres en situación de vulnerabilidad; un rotundo ejemplo de la “vi0lencia institucional contra la mujer” y en el país andino. Esta es la primera vez que el máximo tribunal interamericano usa en una sentencia los términos “violencia reproductiva” y “esterilizaciones forzadas”.
La Corte IDH exige al Estado un acto de perdón público, medidas de reparación económicas, que se inicie una investigación interna para esclarecer responsables y la aprobación de un instrumento normativo sobre la obtención del consentimiento libre e informado en materia de salud sexual y reproductiva. Este fallo reafirma la tendencia progresista de los tribunales latinoamericanos que ya condenaron a Chile y Bolivia por casos similares en los que compararon las esterilizaciones no consentidas con “tortura”.
María Ysabel Cedano, abogada de la organización Demus, grupo colitigante ante la Corte IDH, celebra la contundencia de la sentencia. “La Corte IDH señaló que la vi0lencia psicológica ejercida para someter a una esterilización vi0la derechos humanos y que para ello no hay prescripción de la justicia”, dice por teléfono.
El tribunal recoge que, una vez se juzgue internamente a los responsables de esta política, estos no podrán ser indultados bajo ninguna circunstancia. Algo especialmente trascendente en un país como Perú, que aprobó recientemente leyes que facilitan la exoneración de responsabilidades.
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