Li Wei tiene dos apartamentos en la costa de Yantai. El primero lo compró hace 12 años, cuando el metro cuadrado parecía una apuesta segura en esta ciudad portuaria del noreste de China, entonces en plena ebullición. El segundo llegó poco después, con la idea de ponerlo a nombre de su hijo cuando este fuera a casarse. Ahora, con 46 años y buenos ahorros acumulados, Li quiere adquirir un tercer piso aprovechando la caída reciente de los precios. Pero en China, especular con una tercera vivienda no es tan sencillo.
El Gobierno local de Yantai, donde viven más de tres millones de personas, eliminó el año pasado las restricciones sobre las dos únicas viviendas que puede registrar una familia bajo su nombre. Ahora pueden ser hasta tres. Pero el primer muro que ha encontrado Li, dueño de una academia, está en el banco. "Si es un crédito para una tercera propiedad, me exigen un pago inicial por encima del 75% del valor total", cuenta. Además, el tipo de interés hipotecario ya no es el preferente que obtuvo en sus dos primeras compras.
El apartamento que estaba mirando Li, de 90 metros cuadrados en el centro de Yantai, ronda los dos millones de yuanes, que al cambio son alrededor de 245.000 euros, un precio mucho más asequible que en megaciudades como Pekín o Shanghai. Si un extranjero quisiera comprar esa vivienda, también encontraría restricciones. Normalmente solo podría adquirir una casa en China, y debe ser para uso propio y residencial, nunca para alquiler o inversión. Antes de efectuar la compra, debe además demostrar que ha trabajado o estudiado en el país asiático durante al menos un año con permiso de residencia.
En Pekín hay una frase que los funcionarios repiten en discursos oficiales: "Las viviendas son para vivir, no para especular". No es un simple eslogan. Es la síntesis de un modelo que durante dos décadas convirtió la propiedad inmobiliaria en la piedra angular de la prosperidad familiar china y, al mismo tiempo, en una herramienta de control económico y social del régimen.

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