El nombramiento de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos ha desatado una verdadera tormenta en el Congreso, con legisladores de distintas bancadas calificando la decisión como "una burla al país" y "un premio a la incapacidad". Esta designación, que lo reincorpora al gabinete de Dina Boluarte tras su censura como ministro del Interior, ha reavivado las tensiones políticas en un momento decisivo para la institucionalidad peruana.
Parlamentarios como Alejandro Cavero (Avanza País) y Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) han expresado su profundo rechazo. Paredes no dudó en afirmar que la presidenta "premia a su favorito a costa de todos los peruanos", mientras que Sigrid Bazán señaló que Boluarte actúa con "total descaro" al reincorporar a un funcionario ya censurado por el Legislativo. Estas declaraciones no solo reflejan una oposición política, sino que también ponen de manifiesto la percepción de una falta de respeto hacia las decisiones del poder legislativo y la ciudadanía.
La llegada de Santiváñez al Minjus ha levantado serias preocupaciones sobre el futuro de los derechos humanos en el país. Flor Pablo Medina advierte que este nombramiento "anuncia una etapa de endurecimiento autoritario", en medio de un contexto de controversias por la ley de amnistía y las advertencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, Ruth Luque afirma que la designación "solo significa que las cosas siempre pueden estar peor", evidenciando la orientación autoritaria e impune del gobierno.
La polémica se intensifica al considerar el rol que Santiváñez podría desempeñar en el Ministerio de Justicia. Su posición le otorgaría la capacidad de influir en iniciativas legislativas y, potencialmente, en los procesos judiciales en su contra. Además, la gestión del sistema penitenciario bajo su mando ya ha generado inquietud, especialmente tras el controvertido traslado del expresidente Martín Vizcarra. Margot Palacios recuerda que el exministro fue censurado por "corrupción e incapacidad en seguridad ciudadana", un antecedente que agrava la desconfianza.
Con este movimiento, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo entra en una nueva fase de confrontación. El silencio de varios líderes partidarios ante esta crisis ha sido cuestionado por Édward Málaga, quien instó al Congreso a "poner freno a tanta desvergüenza". El país se encuentra en un momento decisivo, donde la estabilidad política y el respeto a la institucionalidad están en juego. Este nuevo capítulo de la crisis política peruana no solo genera debate, sino que también exige una reflexión profunda sobre el rumbo de nuestra democracia.
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