El Congreso de la República aprobó una nueva ley que amplía el registro de personas afectadas por derrames y fugas de hidrocarburos en el país y refuerza los mecanismos de fiscalización ambiental, en un contexto marcado por conflictos socioambientales no resueltos, deudas pendientes con comunidades costeras y amazónicas, y nuevos episodios de contaminación registrados durante 2025.
En el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, la norma —Ley N.º 32534— modifica la Ley 32190, que creó el Registro Único Consolidado de Personas Afectadas por Derrames o Fugas de Hidrocarburos, con el objetivo de precisar su ámbito de aplicación, cerrar vacíos legales y fortalecer la supervisión del Estado frente a emergencias ambientales vinculadas a la actividad petrolera.
Con la incorporación de los artículos 3 y 4, la ley establece que el registro se aplicará a todas las personas naturales o jurídicas afectadas por derrames o fugas de hidrocarburos ocasionados por empresas del sector que cuenten con autorización sectorial vigente.
De manera excepcional, la norma también permite la inscripción retroactiva de afectados por derrames ocurridos en la costa peruana desde el 1 de enero de 2022, siempre que estos hayan sido declarados en emergencia ambiental. Esta disposición apunta directamente a casos emblemáticos como el derrame de crudo ocurrido en enero de 2022 en la refinería La Pampilla, operada por Repsol.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) será la entidad encargada de proceder con estas inscripciones excepcionales, ampliando el universo de personas reconocidas oficialmente como afectadas.
La norma también refuerza el rol del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que será responsable de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la ley y su reglamento, en concordancia con la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
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