El Comandante General de la Policía Nacional, Óscar Arriola, ha lanzado una dura advertencia tras la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC). El máximo intérprete de la Constitución ha declarado inconstitucional la norma que permitía procesar y condenar como adultos a menores de 16 y 17 años involucrados en delitos graves.
Para el jefe policial, esta medida es un golpe decisivo contra las estrategias operativas de la institución. "Es un retroceso muy funesto que va a traer consecuencias y ustedes las van a ver", sentenció Arriola durante un operativo en San Juan de Miraflores, donde precisamente fueron capturados tres menores de edad integrando una banda criminal.
El Tribunal Constitucional fundamentó su fallo en que es "incompatible con la Constitución que menores de 18 años sean procesados en el sistema penal de adultos", ordenando el traslado inmediato de los adolescentes actualmente en cárceles del INPE hacia centros juveniles del PRONACEJ.
Sin embargo, desde la perspectiva policial, la realidad de las calles es distinta. El general Arriola fue enfático al señalar que una mirada enfocada exclusivamente en los derechos garantistas no contribuye a frenar la violencia actual: "Estas personas con estas edades siembran el terror, el caos, la zozobra", manifestó el alto mando, subrayando que la minoría de edad es utilizada estratégicamente por las mafias.
Este escenario plantea un desafío crítico para la seguridad nacional. Por un lado, el TC exige respeto a los tratados internacionales y a la protección especial del menor; por otro, la PNP alerta que esta "puerta giratoria" jurídica es un elemento clave para que el sicariato y la extorsión sigan creciendo bajo el mando de adolescentes que no enfrentan penas severas.
La situación es trascendental, pues obliga a las autoridades a replantear cómo combatir a bandas que reclutan menores, quienes ahora saben que, ante la ley, su tratamiento será diferenciado. La implementación de esta sentencia es esencial para el marco jurídico, pero culminante para una etapa de endurecimiento de penas que el Congreso intentó imponer.
El país se encuentra en una encrucijada entre el garantismo legal y la urgencia de orden público. ¿Consideras que el fallo del TC protege correctamente los derechos humanos o crees que debilita la lucha contra el crimen organizado?
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