El Tribunal Constitucional del Perú (TC) enfrenta esta semana una decisión trascendental para la salud pública y la seguridad alimentaria del país. Este miércoles 28 de enero, el máximo órgano jurisdiccional llevará a cabo la audiencia de vista en un proceso de amparo que busca prohibir definitivamente la comercialización de cinco plaguicidas altamente peligrosos: clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin.
La demanda, impulsada por organizaciones civiles como la Asociación Apurimeña de Consumidores y Usuarios (AACU) y redes de productores agroecológicos, sostiene que la permanencia de estos químicos en el mercado nacional representa una amenaza directa e inminente contra el derecho fundamental a la vida y a un ambiente equilibrado.
Según el expediente presentado ante el TC, el 80% de la población urbana en el Perú consume alimentos que podrían contener residuos de estas sustancias, las cuales ya han sido retiradas del mercado en Europa y América del Norte debido a su crítica toxicidad. El documento señala que la exposición a estos productos vulnera gravemente la integridad física tanto de los consumidores como de los agricultores.
Incluso el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) ha admitido en informes previos la presencia de residuos químicos en vegetales de consumo local, reconociendo que “estos pueden amenazar la salud tanto de los consumidores como de los agricultores”. Esta admisión es un elemento clave en el debate jurídico actual.
Por su parte, el Ministerio de Salud (MINSA), a través de su Centro Nacional de Epidemiología, ha documentado múltiples casos de intoxicaciones agudas en diversas regiones del país, vinculadas directamente al uso de estos plaguicidas en la agricultura familiar. El fallo del TC sentará un precedente esencial sobre si el Estado priorizará la protección de la vida frente a los intereses comerciales de la industria agroquímica.
La resolución de este caso es decisiva para el futuro de las políticas alimentarias en el Perú. Mientras la OMS clasifica a estos insumos como "altamente peligrosos", su libre venta en territorio nacional sigue siendo el punto culminante de la controversia legal.
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