Alrededor de S/203 millones de los fondos de pensiones gestionados por las AFP estarían en riesgo de pérdida, tras el incumplimiento de pago en que incurrió la concesionaria Rutas de Lima, controlada por Brookfield Asset Management.
La empresa no logró cumplir con el pago total de su deuda, de aproximadamente US$500 millones, luego del “proceso de aceleración de pagos” iniciado por los bonistas el 9 de febrero pasado. Estos accedieron a cerca de S/110 millones disponibles en el fideicomiso del proyecto, lo que gatilló la rebaja de la calificación crediticia de la concesionaria a la categoría “D”, considerada un evento de default bajo los criterios de S&P Global Ratings.
“La aceleración de la deuda representa la etapa final de una serie de eventos negativos que deterioraron la calidad crediticia de Rutas de Lima”, señaló la agencia calificadora en un reporte.
El factor central detrás del default es la pérdida de capacidad de generación de caja del proyecto. A inicios de diciembre de 2025, el Tribunal Constitucional ordenó a la concesionaria la suspensión temporal del cobro de peajes, en el marco de una disputa con la Municipalidad Metropolitana de Lima.
El entonces alcalde, Rafael López Aliaga, hoy postulante a la Presidencia por Renovación Popular, buscó resolver unilateralmente el contrato de concesión alegando presuntos actos de corrupción en su origen y adendas, así como incumplimientos contractuales y problemas económicos y sociales para las poblaciones cercanas a los peajes.
Incluso emulando el estilo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, caracterizado por no respetar contratos como los de libre comercio, López Aliaga calificó como “día de la celebración” el anuncio de liquidación de Rutas de Lima.
No obstante, dos arbitrajes comerciales en Estados Unidos, jurisdicción de resolución de conflictos establecida en el contrato, fallaron a favor de Rutas de Lima, ordenando a la comuna el pago de US$200 millones al concesionario, que a la fecha no ha sido efectuado.
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