El Gobierno de Keiko Fujimori busca obtener facultades legislativas para impulsar una amplia reforma en distintos ámbitos, entre ellos el laboral. Dentro del proyecto de ley que delega competencias al Poder Ejecutivo por un plazo de 120 días calendario, figura una disposición que permitiría modificar el régimen de los feriados y disminuir su cantidad con el objetivo de elevar la productividad.
La propuesta forma parte del capítulo referido a empleo y protección social, donde también se plantean cambios en beneficios laborales, contratación, inspección del trabajo y otros aspectos vinculados al mercado laboral. Sin embargo, la posibilidad de reducir el número de feriados nacionales contrasta con las declaraciones que la propia mandataria brindó pocas horas antes, cuando descartó públicamente esa posibilidad.
Dentro de las materias incluidas en la delegación de facultades, el Ejecutivo solicita autorización para realizar modificaciones en la legislación laboral. El proyecto de ley contempla cambios relacionados con el empleo juvenil, la inspección del trabajo, la extinción de contratos por causas objetivas, los beneficios laborales y la creación de incentivos por productividad.
En ese mismo apartado aparece una de las medidas que más ha llamado la atención. El texto establece expresamente que el Gobierno podrá "modificar el régimen de feriados no laborables y reducir su número, con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad“. De aprobarse la delegación, el Ejecutivo tendría la facultad de emitir decretos legislativos sobre esta materia durante el periodo autorizado por el Congreso.
La delegación de facultades también incluye propuestas para introducir mayor flexibilidad en distintos beneficios laborales. Entre ellas figuran modificaciones a las normas sobre vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS), participación en utilidades y horas extras, además de permitir acuerdos entre trabajadores y empleadores dentro de determinados supuestos.
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