Como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad ciudadana, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en los penales de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro, Ancón I (Lima) y Trujillo Varones (La Libertad). En estos recintos, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo 128-2026-PCM, tiene una vigencia de 60 días calendario y comprende el perímetro exterior de los penales, hasta un radio de 200 metros. En esta zona se suspenden constitucionalmente los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.
Además, se establece que la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ejecutará acciones para garantizar la seguridad del perímetro exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de las cárceles. Estas operaciones contemplan un control estricto de accesos y labores de inteligencia para prevenir fugas.
Se realizarán, asimismo, operativos permanentes para decomisar celulares, tarjetas SIM y armas en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) del Inpe. En tanto, el Instituto Nacional Penitenciario mantendrá la administración y la custodia interna de las prisiones.
Cabe indicar que, durante la vigencia de la norma, se garantiza el respeto irrestricto a los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Con estas disposiciones, el Gobierno, liderado por la presidenta Keiko Fujimori, combate a las organizaciones criminales que dirigen sus delitos desde las cárceles hacia el exterior. Actualmente, los 5 penales focalizados albergan cerca del 50% de los internos vinculados a organizaciones criminales.
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