La presidenta Dina Boluarte y varios de sus exministros han sido denunciados por presuntos delitos cometidos durante la represión de las protestas sociales que sacudieron al país entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. La Fiscalía los acusa de ser presuntos autores de lesiones leves y graves por el uso desproporcionado de la fuerza en distintas regiones del país.
Entre los exfuncionarios denunciados figuran los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero; el exministro de Defensa Jorge Chávez; y los expremieres Pedro Angulo y Alberto Otárola, este último también exministro de Defensa.
El Ministerio Público ha identificado a 75 víctimas, entre fallecidos y heridos, en Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Puno y Lima Metropolitana. Estas víctimas serían producto de un accionar represivo que, según la denuncia, se habría ejecutado al margen de los protocolos y el respeto a los derechos humanos.
La investigación sigue en curso y podría marcar un precedente en la rendición de cuentas por parte de las más altas autoridades del Estado peruano.
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