Congreso reaviva el REINFO pesquero pese al rechazo unánime: qué plantea el proyecto y por qué genera preocupación
El debate sobre la formalización de la pesca artesanal ha vuelto a encenderse en el Congreso. La Comisión de Producción analiza el Proyecto de Ley N.º 12373/2025-CR, que propone reactivar el Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (SIFORPA II), conocido mediáticamente como el “REINFO pesquero”.

La iniciativa fue presentada por el congresista José Bernardo Pazo Nunura (Somos Perú) y cuenta con la firma del actual presidente, José Jeri. Pero el proyecto ha recibido un golpe determinante: Produce y DICAPI enviaron informes técnicos al Congreso rechazando la propuesta.

El oficio del Ministerio de la Producción, remitido el 19 de noviembre, señala que reabrir el SIFORPA II vulnera la seguridad jurídica, incentiva la pesca ilegal y amenaza la sostenibilidad de recursos altamente comerciales como la pota y el perico.

El SIFORPA II fue creado en 2018 para formalizar embarcaciones pesqueras artesanales medianas y grandes. Su proceso tenía cinco etapas obligatorias: inscripción, verificación física, matrícula, protocolo técnico y permiso de pesca.

Para Piero Rojas Vásquez, asesor legal de I4OA, esto abre una puerta peligrosa, ya que reabrir el SIFORPA II es admitir embarcaciones que no existían en 2018. En la práctica, significa validar naves construidas fuera de la ley.

Los argumentos técnicos que sustentan el rechazo al proyecto son contundentes. En el caso de la Marina de Guerra, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), la entidad recuerda que durante el SIFORPA II —en 2018— se otorgó un plazo suficiente para que los postulantes acreditaran la existencia real de sus embarcaciones.

Según su informe, aquellas que no se presentaron a la verificación “presumiblemente no existían” o habrían sido construidas después sin permisos ni supervisión estatal, lo que las colocaría fuera de cualquier marco legal.

Por su parte, el Ministerio de la Producción (Produce) sostiene en el oficio remitido al Congreso que reabrir un proceso ya concluido vulnera principios básicos de seguridad jurídica.