La Defensoría del Pueblo advirtió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) sobre la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia que Lima Airport Partners (LAP) tiene previsto empezar a cobrar el próximo 7 de diciembre a los pasajeros con conexión internacional.
A través del Informe Defensorial N°245, la entidad concluye que la Adenda N° 6 del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez —documento que dio origen a la tarifa— contiene “vicios insubsanables” que acarrean su nulidad.
Según la Defensoría, la Adenda N° 6, suscrita por el MTC en 2013, incorporó el cobro de esta nueva tarifa sin haber contado con los informes técnicos y económicos exigidos por el contrato de concesión.
El informe detalla que el MTC aprobó esta adenda sin la opinión técnica previa de Ositran. Este hecho es relevante, pues el regulador ya había advertido previamente sobre la falta de sustento económico y financiero necesario para justificar la creación de una tarifa adicional.
La Defensoría sostiene que todo este proceso vulneró los principios de razonabilidad y accesibilidad que deben regir los servicios públicos.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por la entidad es que el cobro de la TUUA de transferencia podría significar una “doble subvención”. Esto se debe a que la TUUA internacional vigente ya financia los servicios dirigidos a los pasajeros que se encuentran en tránsito o transferencia.
En el aspecto económico, la aplicación de este nuevo costo adicional representaría un encarecimiento de la experiencia de los pasajeros, concluyendo el informe que la tarifa desincentivaría la demanda de transporte aéreo y afectaría la competitividad del aeropuerto limeño.
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