El Gobierno de Perú ha declarado el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un período de 30 días. Esta medida, publicada en el diario oficial El Peruano, responde al incremento sostenido de la criminalidad y la violencia en estas jurisdicciones. La Policía Nacional del Perú asume el control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, para enfrentar delitos como el homicidio, el sicariato y la extorsión.
Durante la vigencia de esta norma, se restringen derechos constitucionales fundamentales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. Esta disposición se fundamenta en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú.
Se ha establecido un Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el comandante general de la Policía Nacional. Este organismo integra a representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ejército y gobiernos locales para centralizar la planificación y ejecución de acciones.
Las fuerzas integradas, compuestas por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal, llevarán a cabo patrullajes permanentes en zonas identificadas como críticas. Asimismo, se refuerza el control de identidad en la vía pública y en el transporte.
Entre las medidas específicas, se prohíbe el tránsito de dos adultos en motocicletas lineales, salvo excepciones detalladas. También se intensificarán los operativos masivos para el decomiso de armas, municiones y explosivos ilegales, en coordinación con Sucamec.
El Comité de Fiscalización, liderado por la Dirección Nacional de Investigación Criminal, ejecutará operativos contra la trata de personas, el comercio ilegal de drogas, armas, autopartes y la venta informal de chips telefónicos. La Policía Nacional podrá solicitar la suspensión inmediata de líneas vinculadas a delitos.
El Comité de Inteligencia implementará un sistema integrado de videovigilancia e inteligencia predictiva, utilizando cámaras públicas y privadas, drones y algoritmos de reconocimiento facial. Este sistema busca anticipar y neutralizar focos delictivos en tiempo real.
Por su parte, el Ministerio Público y el Poder Judicial adoptarán medidas administrativas y presupuestales para mejorar su capacidad de respuesta. Esto incluye la protección especial para fiscales y jueces en casos de crimen organizado y la masificación de denuncias en línea.
La declaratoria de emergencia contempla incentivos y reconocimientos para los miembros destacados de las fuerzas integradas. Adicionalmente, se utilizará tecnología satelital, con apoyo de la Agencia Espacial del Perú, para el monitoreo de zonas de riesgo y control territorial. La continuidad de esta medida será evaluada periódicamente en función de los resultados obtenidos.
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